Al hacer un balance de las acciones desarrolladas en este sector, la titular de la Secretaría de la Contraloría General estatal (Secogey), Lizbeth Basto Avilés, recordó que el pasado 15 de enero se presentaron 37 denuncias contra funcionarios de la administración anterior por daño patrimonial que asciende aproximadamente a 533 millones de pesos, cumpliendo con la Ley de Responsabilidades Administrativas local y con la lucha contra la corrupción e impunidad.
En entrevista, la funcionara adelantó que un compromiso del Gobernador es presentar una iniciativa para que la actual Vice Fiscalía Estatal Anticorrupción sea elevada al rango de Fiscalía, con el fin de darle plena autonomía para trabajar con mayor fuerza y relevancia en la persecución e investigación de los delitos relacionados con hechos de corrupción, para lo cual es necesario contar con los recursos presupuestales que permitan hacer estos cambios.
En materia ciudadana, la funcionaria señaló que, para vigilar la correcta asignación y entrega de los programas sociales en el interior del estado, la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), ha instalado 96 Consejos Comunitarios de Participación Ciudadana para que funcionen como un mecanismo exacto de gobernanza y vinculación entre los ciudadanos y el actuar del Gobierno.
En esta administración, la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) se encuentra en proceso de elaboración de políticas para el uso y manejo de los fondos revolventes, privilegiando el uso de transferencias bancarias y pago mediante cheque.
Asimismo, la titular de la Secogey expuso que, como resultado de la firma del convenio entre la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el Gobierno de Yucatán, se impulsará una nueva Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios que sea ejemplo a nivel nacional.
“Complementando lo anterior, también se sumarán nuevas evaluaciones que, junto con las realizadas por la Auditoría Superior del Estado, permitirán conocer el desempeño de las dependencias y entidades paraestatales, así como si los recursos se destinan a los fines idóneos, abonando al combate a la corrupción al hacer más eficiente el ejercicio de los recursos públicos”, manifestó.
A mediano plazo, también se instalará el Laboratorio de Datos del Sistema de Información de Estadística y Geográfica de Yucatán (Siegy), a fin de liberar datos que sirvan para una mejor planeación de las actividades institucionales, así como para que la ciudadanía pueda evaluar de manera continua las acciones implementadas por parte de la administración pública, abundó.
Basto Avilés añadió que, aunado a lo anterior, se está desarrollando la implementación de la herramienta digital Expediente Único Digital (EUD), construida a partir de los datos generales de los ciudadanos para actuar como repositorio de documentos de uso recurrente para las personas físicas o morales al momento de realizar trámites o servicios.
También, prosiguió, se trabaja en el Padrón Único de Beneficiarios de la mano con Sistema de Focalización de Desarrollo (Sifode), mejorando la ejecución de programas de carácter social, ya que permitirá brindar los apoyos a quienes más lo necesitan.
“El compromiso del Gobierno del Estado es el ofrecer mecanismos que permitan entregarle cuentas claras a los ciudadanos, ofreciéndoles credibilidad y, sobre todo, la certeza de que los recursos públicos se están utilizando de la manera debida”, concluyó.
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