En el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, se publicó dicha disposición en el Diario Oficial del Gobierno del Estado, firmada por el mandatario, en la que se establecen el objeto, la naturaleza, las atribuciones y la estructura del organismo, que garantizará la atención a este importante sector de la sociedad.
De acuerdo con el documento, será una instancia pública descentralizada de la administración estatal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, que tiene por objeto coadyuvar con el Poder Ejecutivo, dependencias y entidades yucatecas, en la inclusión y el desarrollo de este grupo.
Entre sus principales atribuciones, se encuentran difundir los derechos de estas personas, con la finalidad de hacerlos exigibles de acuerdo con la Convención en la materia, así como coadyuvar en el diseño de políticas públicas y captar propuestas, a través de la consulta a ellas mismas, sus familias, organizaciones de la sociedad civil y expertos.
Asimismo, participar, apoyar y realizar estudios, proyectos, investigaciones jurídicas y propuestas legislativas de reforma al marco jurídico vigente, que garanticen sus derechos y contribuyan a su inclusión y desarrollo; también, promover una cultura de respeto e inclusión, con el objetivo de eliminar los estereotipos y prejuicios en su contra.
De igual forma, efectuar campañas periódicas de difusión para asegurar la accesibilidad en la infraestructura física de instalaciones públicas, al igual que los recursos humanos, técnicos y materiales necesarios para brindar atención segura y accesible, entre otras responsabilidades.
El Instituto estará conformado por una Junta de Gobierno, el director general y las unidades administrativas que establezca su estatuto orgánico. En cuanto a la Junta, se establece que la integrará el Gobernador, en calidad de presidente, y los titulares de las Secretarías General de Gobierno (SGG), de Desarrollo Social (Sedesol) y de Educación (Segey), quienes tendrán voz y voto en las sesiones.
Por lo que toca al director general, será nombrado y removido por el titular del Poder Ejecutivo; en este caso, lo asignará Vila Dosal dentro de un plazo de 30 días naturales, contando a partir de la entrada en vigor del decreto, es decir, a partir del 1 de enero próximo.
La disposición también establece que el citado organismo cuente con un Consejo Consultivo, cuya labor será proponer políticas públicas y acciones específicas, y estará integrado por el mandatario, en calidad de presidente, junto con los secretarios de Obras Públicas, Seguridad Púbica, y Fomento Económico y Trabajo.
Además, dos representantes de instituciones educativas relacionadas, cinco de organizaciones de la sociedad civil, uno por cada tipo de discapacidad (motriz, intelectual, psicosocial, auditiva y visual), tres especialistas, empresarios o individuos de reconocido prestigio en materia de personas con discapacidad, defensa de sus derechos o temas relacionados que se considere pertinentes.
El presidente del Consejo determinará, previa convocatoria y consulta, las instituciones educativas, organizaciones civiles y ciudadanos que se sumarán a este cuerpo colegiado, quienes durarán en funciones hasta tres años. Los cargos en ambas juntas son de carácter honorífico.
No hay comentarios:
Publicar un comentario