Esas presuntas irregularidades fueron detectadas principalmente en las Secretarías de Salud (SSY), Educación (Segey) y de Administración y Finanzas (SAF). La contralora general presentó ante los organismos fiscalizadores un total de treinta y un denuncias. En éstas se exhiben pruebas de diversas irregularidades detectadas, muchas de las cuales se han denunciado a la opinión pública.
“Como se informoì el mieìrcoles pasado”, recordó la contralora Basto Avilés, “al analizar las carpetas del proceso de entrega-recepcioìn, se encontraron faltantes —financieros, materiales e informativos— y en cumplimiento y respeto de la Ley se presentan las denuncias correspondientes. Confiamos en la Vicefiscaliìa Especializada en Combate a la Corrupcioìn y la Auditoriìa Superior del Estado de Yucataìn en que cumpliraìn con su deber de fincar y deslindar responsabilidades e informar a la sociedad yucateca”.
En este primer paquete hay denuncias de índole penal y otras de responsabilidades administrativas. Las primeras serán analizadas y estudiadas por la Vicefiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, y las segundas, por la Auditoría Superior del Estado de Yucatán. En ambos casos, el Gobierno del Estado —a través de la Contraloría General y la Consejería Jurídica— brindará a los órganos fiscalizadores toda la información que requieran. Es probable también la intervención en estos procesos del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán.
El Poder Ejecutivo, a través de la investigación y análisis realizados de manera responsable y profesional de los procesos de entrega-recepción, cumple con la presentación de las denuncias con la obligación que le marca la Ley, así como el compromiso que marcó el gobernador Mauricio Vila Dosal de combatir de manera frontal la corrupción. Son ahora los poderes Judicial —a través del Tribunal de Justicia Administrativa— y Legislativo —de quien depende Auditoría Superior— los encargados de estudiar y juzgar estas irregularidades.
La titular de la Contraloría General del Estado sostiene que el Poder Ejecutivo “brindaraì todas las facilidades para que se lleven a cabo las diligencias correspondientes”. Reitera que, como es evidente, “esto no es un asunto poliìtico, sino un tema estrictamente juriìdico resultado de los procesos de entrega-recepcioìn”.
Otras de las dependencias involucradas en las denuncias presentadas por la Contraloría General del Estado son las Secretarías de Educación, Administración y Finanzas, Salud, General de Gobierno, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente y Fomento Turístico, así como también los Institutos de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado de Yucatán (Isstey), del Deporte (IDEY), de Seguridad Jurídica y Patrimonial (Insejupy), y para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa (Idefey). También, el Colegio de Bachilleres (Cobay), la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTM), el Instituto Tecnológico Superior de Progreso (ITSP) y el Hospital Comunitario de Peto.
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