La titular de la Secretaría General de Gobierno, María Fritz Sierra y el director de la Coordinación Metropolitana de Yucatán (Comey), Aref Karam Espósitos, informaron que las 593 concesiones de taxis cesadas fueron otorgadas durante la administración pasada, mientras que de las 6 rutas de transporte 4 son de vans y 2 de autobuses.
Acompañado del Consejero Jurídico, Mauricio Tappan Silveira, el director de la Comey señaló que esta decisión está sustentada en el artículo 44 fracción II de la Ley de Transporte del Estado y también hace valer los derechos de los ciudadanos en materia de movilidad estipulados en los artículos 74 y 77 de dicha normatividad.
Desde el Salón de la Historia de Palacio de Gobierno, Karam Espósitos reiteró en que esta medida no afectará a los usuarios del transporte público, ya que la aplicación de dichas disposiciones legales busca hacer valer el Estado de Derecho para ofrecer a los ciudadanos un servicio seguro, regular, general y eficaz.
El titular de la Comey señaló que, además, todas las concesiones de taxis involucradas incumplen con lo dispuesto en el artículo 35 fracción VIII de la Ley de Transporte del Estado, así como con las Condiciones Generales de Operación
Esto significa que los concesionarios de taxis no se presentaron dentro del término de 10 días hábiles para realizar la inspección de sus vehículos ante la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), a fin de acreditar que cumplían con los requisitos para la prestación del servicio, de conformidad con el artículo 34 de la Ley de Transporte del Estado, explicó el funcionario.
Tampoco gestionaron ni obtuvieron las placas de circulación específicas del servicio público de transporte de pasajeros en un plazo máximo de 30 días. Aunado a lo anterior, se encontraron otras irregularidades, como la falta al artículo 54, ya que no gestionaron ni obtuvieron el certificado de capacidad, dimensiones y medidas que establece dicho estatuto, abundó.
Respecto a la revocación de las 6 rutas de transporte urbano, Karam Espósito dio a conocer que, durante la revisión y actualización del registro de vehículos de transporte, así como del padrón de concesiones, permisos, constancia y certificados se encontró que las involucradas tampoco ofrecían el servicio que se les autorizó.
En ese marco, el funcionario remarcó que los permisionarios involucrados no prestan el servicio de transporte público de pasajeros bajo las premisas de generalidad, regularidad, seguridad y eficiencia, tal y como lo señala el artículo 3 de la Ley de Transporte estatal, lo cual no salvaguarda el derecho que poseen los usuarios y que se establecen en los artículos 74 y 77 de la misma Ley.
Además, las empresas transportistas involucradas tampoco cumplieron con la obligación establecida en el artículo 35 fracción XI, que los ordena informar al Gobierno estatal el fin de sus operaciones en las rutas o zonas otorgadas, aseveró.
El Gobierno del Estado verificará que todos los concesionarios de transporte público cumplan con sus funciones. En el marco de la Ley mantendrá una permanente vigilancia para evitar que se repitan los supuestos que dieron pie a estas revocaciones, concluyó.
A su vez, Fritz Sierra recordó que la administración estatal, encabezada por el Gobernador Mauricio Vila Dosal, cree con firmeza que el fortalecimiento del Estado de Derecho y la aplicación de la ley con el fin de generar condiciones indispensables para la atracción de inversiones, desarrollo económico y para la creación de nuevos empleos y empleos, también, mejor pagados.
Estamos convencidos que la certeza jurídica genera confianza. Reiteramos con acciones el firme compromiso del señor Gobernador de hacer cumplir la ley y de proteger a todos los yucatecos, acotó.
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