A partir del 21 de mayo del presente año la licenciada en Administración, Iresine Solís Hernández, funge como titular de la Unidad de Transparencia; ella es egresada del Instituto Tecnológico Superior de Progreso, de la licenciatura en administración y en el 2017 concluyó una maestría en Administración en la universidad Tecmilenio.
La funcionaria municipal ha impartido cursos en el llenado de la Plataforma Nacional de Transparencia, o Sistema de Portales de Obligación de Transparencia (SIPOT), plataforma en la que todo ciudadano puede acceder a consultar el erario público, declaraciones patrimoniales, licitaciones de obras, atención a solicitudes y priorización de éstas, mismas que tienen un plazo para su cumplimiento.
Entre las encomiendas para Solís Hernández está coadyuvar con el Comité de Transparencia, mismo que estará presidido por el actual titular de la Unidad Jurídica, el licenciado Carlos Pérez Vidal, y como vocales el C.P. Juan José Fuentes Aguilar y Miguel Roberto Kumán Be, titulares de la Dirección de contraloría y de la Dirección de Gobernación, Planeación y Mejora regulatoria respectivamente.
Por otra parte, es necesario aclarar las razones por las que tres funcionarios de la actual administración municipal recibieron de la instancia estatal de transparencia una amonestación, asunto que se ha ventilado en varios medios de comunicación.
El pasado 26 de septiembre, la Unidad de Transparencia recibió la solicitud de la copia certificada de contrato de compraventa que realizó la administración 2004-2007 encabezada por Enrique Magadan Villamil con particulares de fecha de julio de 2006.
Ante dicha solicitud, la dependencia y la Secretaría de la Comuna respondieron con un oficio en el que se indicó que la actual administración no tiene posesión de dichos convenios. Posteriormente, la Comuna volvió a recibir otra solicitud similar en mayo de 2019, misma que se respondió con la precisión: “Documentos inexistentes”.
Situación por la que el Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (Inaip) de Yucatán, emitió al Ayuntamiento de Progreso una amonestación precisando que dicha medida fue porque, aunque se respondió en tiempo y forma, no hubo sustento.
Y es que los documentos requeridos son inexistentes, ya que en el protocolo de la entrega-recepción de la actual administración, no se recibieron archivos de convenios ni contratos, tanto de la administración anterior encabezada por José Cortés Góngora (2015- 2018), como de las tres precedentes, situación que se hizo del conocimiento a la Auditoria Superior del Estado de Yucatán (Asey) y del que se tiene sustento, esto por parte el despacho contable que coadyuvó durante la entrega- recepción de Julián Zacarías Curi.
El gobierno municipal, que preside el alcalde Julián Zacarías Curi, se ha conducido con apertura a lo largo de estos ocho meses, de igual modo ha promovido la participación ciudadana y la transparencia, pues confía que al fomentar ello, el ciudadano comienza a tener una opinión más favorable de sus funcionarios y por ende, a recuperar la confianza en su Gobierno.
En tal contexto y en vista que la amonestación afecta el principio de la actual administración, que es transparentar la gestión pública, derivó al cambio del titular de la Unidad de Transparencia, Juan Castillo Romero, quien omitió hacer la observación pertinente a los integrantes del Comité de Transparencia para que sustentaran la declaración de inexistencia con copias del expediente de la entrega-recepción, esto como prueba de que no se cuentan con los documentos solicitados.
El alcalde de extracción panista, Julián Zacarías Curi, reitera su compromiso con la ciudadanía y resalta que seguirá trabajando para garantizar la transparencia en su Gobierno.
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