Yo estaba sentado en una de las bancas del mercado como todo ciudadano en compañía un grupo de amigos, en eso llegó un grupo de policías a realizar una inspección de rutina, me revisaron, no encontraron nada, se retiraron, dieron la vuelta y me detuvieron, contó.
Denunció que lo secuestraron sin motivo alguno, me privaron de mi libertad, sin hacer algo malo.
Todos los que estaban allá eran empleados que son ciudadanos, y seguramente los obligaron a ir.
Me detuvo una patrulla con cuatro policías estatales, me llevan al periférico y me suben a otra que es la 2140 y de allí a la SPV de Mérida, sin motivo o sin circunstancia, encarcelado por dos horas según por disturbios a la vía pública.
La detención fue a las 8:20 y me liberaron hasta las dos de la mañana del martes.
El comandante Mario Caamal me atendió y me dijo que lo lamentaba mucho que no fue cosa de ellos y se lo atribuyó al miedo que me tiene el señor alcalde, miedo a las posibles protestas con 200 efectivos acorralando el edificio de cultura.
También denunció que una buena parte de las autoridades, entre regidores y directores, están de proveedores de la Comuna, beneficiándose por partida doble destacando nombres como el mismo alcalde Cortés Góngora, el director de desarrollo social, hoy acusado de vender plazas magisteriales, Luis Rodríguez; Ronald Celis de Recaudación, Luis Catzín, de comisarías, el oficial mayor Freddy Santos, Enrique Ordaz, el síndico; la regidora de cultura, Isabel Hernández Tec, entre otros.
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