De no llegar a un diálogo resolutivo por las dos tomas clandestinas que se hallaron en el predio del ex subdirector operativo del Smapap, Víctor Salazar Barrera (a) Salitre, se procederá conforme a la ley y tendrá que pagar una multa superior a los 60 mil pesos.
Declaró esta tarde lo anterior el director del Smapap Irving A. Castillo Avila, al mencionar que las negociaciones han comenzado a ser realizadas por el director de Asuntos Legales del Smapap, José Isauro Canché Balam, quien tiene indicaciones precisas de defender el patrimonio de la dependencia.
El funcionario dijo que de no llegar a un acuerdo satisfactorio este jueves presentará su denuncia correspondiente por presunto robo de agua en tomas clandestinas ante la fiscalía de este puerto, por lo cual al ser turnado se aplicará mano dura contra este ex funcionario de Sistema.
Como publicara POR ESTO!, una cuadrilla de la dependencia detectó dos tomas clandestinas del Smapap de Progreso que operaba en un predio particular de quien fuera ex subdirector de la dependencia, Víctor Salazar Barrera, conocido como “Salitre”.
El funcionario, quien tiene una denuncia al Smapap, por presunto despido injustificado en el sistema, se hace acreedor a una multa de cuando menos 60 mil pesos de acuerdo a la ley por robo de agua potable ante la Fiscalía, por robo de agua potable en una toma de media pulgada y una de tres cuartos de pulgada detectadas en el predio del ex funcionario ubicado en la calle 27 por 140 de la colonia Nueva Yucalpetén de este puerto.
El funcionario dio a conocer que después de la denuncia recibida en el Smapap, personal técnico de la dependencia se dio a la tarea de realizar tomas de presión hasta que se detectó que en esta zona existía una baja presión, lo que ocasionó que esta tarde del martes, alrededor de las 15:00 horas, comenzara una cuadrilla a excavar la zona, hasta que alrededor de las 17:00 horas se comprobaron las tuberías clandestinas del ex funcionario que emplea el agua potable para el comercio de pipas de agua, además de que viola los acuerdos del Consejo de Agua Potable, de tener el control y permiso correspondiente para dedicarse al comercio del líquido vital.
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