La imputación por el delito de feminicidio agravado en grado de tentativa para el agresor de la colonia Benito Juárez norte y el que se haya decretado que se quede en prisión preventiva durante todo el proceso, es resultado de un esfuerzo conjunto que marca la pauta sobre la política de la presente administración en casos relacionados con la violencia hacia las mujeres.
Este tipo de hechos están contemplados en el Código Penal estatal que, en su artículo 84 señala que la pena para el delito de feminicidio en grado de tentativa cuando existe relación es de 10 años la mínima y 32 años la máxima, por lo que se dará puntual seguimiento al desarrollo del caso.
En ese sentido se resalta la labor coordinada de la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Seguridad Pública y las dependencias gubernamentales que han intervenido en el caso, así como la condena unánime de la sociedad ante estos sucesos.
Desde que el caso se hizo público, el Ejecutivo puso manos a la obra y prestó todo el apoyo jurídico a la familia y si a ello se aúna la integración de la carpeta de investigación en la Fiscalía, todo reditúa en resultados como la imputación de un delito que se debe combatir con todo el peso de la ley.
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